Florida prohíbe a indocumentados ir a universidades estatales

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En julio, la Florida Board of Education (SBE) votó una enmienda a la Regla 6A-10.0240, que aclara los criterios de admisión para las universidades de Florida y exige una prueba de ciudadanía estadounidense o de presencia legal para ingresar al Sistema Universitario de la Florida. Esta regla impide que los estudiantes indocumentados se matriculen en cualquiera de las 28 universidades públicas de Florida y entró en efecto el 5 de agosto.

En el caso de los estudiantes locales, esto se aplica a quienes están persiguiendo estudios superiores en el Tallahassee State College (TSC). FSView se puso en contacto con el TSC para averiguar cómo está afectando esta regla a los estudiantes indocumentados que participan en programas como el de matrícula dual para estudiantes de preparatoria y el programa FSU Next.

“El Tallahassee State College está esperando recibir guías para la implementación del Departamento de Educación de Florida con respecto a la nueva regla aprobada por la Junta Estatal de Educación”, dijo Amanda Clements, vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadotecnia del TSC, a FSView. “Trabajaremos cerca con el Departamento de Educación de Florida y las demás instituciones del Sistema Universitario de Florida para implementar la regla una vez que se brindan guías adicionales”.

Cómo afecta regla a los ingresos de TSC y a las finanzas de los estudiantes

Estas nuevas reglas podrían afectar las fuentes de ingresos de las universidades de Florida. Según un estudio conducido por el Florida Policy Institute (FPI), la pérdida de ingresos por los estudiantes indocumentados podría provocar una pérdida financiera de 15 millones de dólares en todo el estado. Se pronosticó que TSC no perdería nada de sus ingresos por matrículas.

Para obtener más información sobre esta predicción, FSView se puso en contacto con el investigador Norin Dollard, autor del artículo del FPI que citaba estos datos. Dollard no respondió.

Clements dijo que, dado que el TSC no ha recopilado históricamente datos relacionados con el estatus migratorio de los estudiantes, no está claro qué impacto tendrá la norma en la matrícula del TSC o en los ingresos por cuotas de estudio.

La regla 6A-10.0240 también podría impactar las finanzas de los estudiantes que no cumplan con los criterios para ser admitidos en los colegios comunitarios de Florida, lo cual típicamente tienen cuotas de matrícula más bajas que las universidades. En el TSC, por ejemplo, la matrícula para los estudiantes del estado cuesta 76.80 dólares por hora de crédito, mientras que en la FSU cuesta 105.07 dólares por hora de crédito.

“Imponer cualquier obstáculo a los inmigrantes para que accedan a una educación universitaria más económica no hace más que intentar limitar la movilidad económica”, dijo Aeden Bennett, presidente de la Tallahassee Immigrants Rights Alliance y estudiante de TSC, al FSView. Bennett considera que los colegios comunitarios ofrecen una gran oportunidad para seguir estudios superiores sin tener que pagar cuotas elevadas.

Otra manera en que los estudiantes pueden reducir el costo de la educación superior es a través del programa de matrícula dual en la preparatoria. La matrícula dual les permite a los estudiantes completar sus requisitos previos mientras aún están en la preparatoria, lo que reduce la cantidad de clases que deben cursar en la universidad. Tomar menos clases puede significar pagar menos matrícula en general.

Bennett conoce a estudiantes de la preparatoria a quienes la matrícula dual les ha aliviado la presión económica y cree que los inmigrantes indocumentados deberían tener la misma oportunidad.

Dylan Knaggs, estudiante universitario de FSU, se benefició personalmente de la matrícula dual y le dijo a FSView que pudo seguir con sus estudios superiores con una base más sólida después de obtener su título de A.A.

“Es probable que esta política preserve va a preservar oportunidades de matrícula dual para los estudiantes que respetan la ley y que se esfuerzan por avanzar en su educación a través de los canales adecuados”, dijo Knaggs a FSView. “Porque la matrícula dual es una oportunidad tan valiosa financiada por los contribuyentes, debería darse prioridad a los estudiantes que cumplan con los requisitos legales para participar.”

Implicaciones para los estudiantes del programa DACA

Los estudiantes indocumentados que participan en el programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) llegaron a EE. UU. cuando eran niños y han cumplido con ciertos requisitos para aplazar su deportación por dos años. FSView se comunicó con Florida SBE (SBE) para conocer el impacto de su resolución en la formulación de políticas de las 28 universidades de Florida y las implicaciones para los estudiantes del programa DACA.

“Para apoyar la aplicación coherente de la regla, el Departamento de Educación de Florida proporcionó orientación a las instituciones del Sistema Universitario de Florida para que se basaran en el marco legal establecido por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito en el caso Estrada v. Becker, 917 F.3d 1298 (11.º Cir. 2019), al desarrollar sus políticas, normas y procedimientos de admisión”, dijo Olivia Wester, secretaria de prensa del Departamento de Educación de Florida, a FSView en un comunicado. “La decisión del tribunal aborda la forma en que se determina la presencia legal a efectos de admisión, incluso en el caso de los beneficiarios del programa DACA.”

Estrada v. Becker (2019) es un caso del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Georgia. En él, una política establecida por la Junta de Regentes de Georgia exigía que «las tres universidades más selectivas de Georgia verificarán la presencia legal de todos los estudiantes que admitieran”. La política impedía que los beneficiarios del programa DACA presentaran solicitud de admisión a estas universidades.

Esto fue impugnado por los beneficiarios del programa DACA, quienes alegaron que el memorándum del DACA servía de fundamento para su presencia legal en los EE. UU. Finalmente, el tribunal determinó que los apelantes, es decir, los estudiantes que reúnen «los demás requisitos» para asistir a la universidad, no se encuentran “legalmente presente” en los Estados Unidos.

“En mi opinión, la Junta de Educación está plenamente facultada para dar prioridad al acceso a las instituciones de educación superior financiadas con fondos públicos a los ciudadanos y residentes legales”, dijo Knaggs. “Para quienes son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o cumplen con los requisitos legales para asistir, no veo ningún impacto negativo. Limitar el acceso a la educación a las personas que respetan la ley puede, de hecho, preservar y ampliar los programas de los colegios comunitarios para los estudiantes que cumplen con los requisitos estatales y federales.”

Brandon Sauval, estudiante de química de la FSU, considera que la Regla 6A-10.0240 no toma en cuenta la razón por la que algunos inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos en primer lugar.

[La regla es] otro ataque innecesario contra uno de los grupos más marginados del país y de nuestro campus “, dijo Brandon Sauval, estudiante de química de la FSU, al FSView.

“Ignora que, en la mayoría de los casos, los inmigrantes llegan a Estados Unidos para escapar de situaciones peligrosas o inestables, y es abominable ponerlos aún más en peligro al impedirles el acceso a la educación, en un contexto en el que la discriminación ya ha aumentado enormemente”.

Los políticos y las comisiones están tomando medidas

Según WUSF, el senador Carlos Guillermo Smith, demócrata por Orlando, escribió una carta a la Junta de Educación de Florida (SBE) para cuestionar la legalidad de la norma. FSView se puso en contacto con Smith y le preguntó cuál era su opinión sobre las posibles consecuencias económicas y políticas de esta resolución en el panorama político actual.

“En todo el país, entre las redadas de ICE, la legislación y la retórica antiinmigrantes, y ahora sentencias estatales como esta, nuestras comunidades de inmigrantes están cada vez más bajo ataque”, dijo Smith a FSView. “Nuestros vecinos inmigrantes también son una parte importante de nuestras economías locales y nuestra fuerza laboral, y contribuyen a nuestras comunidades de innumerables maneras. Pagan la matrícula, a menudo a tarifas considerablemente más altas debido a otras políticas estatales, y merecen la oportunidad de seguir estudiando y continuar contribuyendo al estado al que llaman su hogar”.

Smith es miembro del Joint Administrative Procedures Committee (JAPC), un comité bipartidista que supervisa las acciones del poder ejecutivo para garantizar que cuenten con una base legal adecuada, según su sitio web.

Le dijo a WUSF que le corresponde al JAPC, dominado por los republicanos, “tomar medidas contra la junta”. FSView se comunicó con el coordinador del JAPC, Kenneth Plante, para averiguar qué medidas puede tomar el JAPC contra la resolución de la junta.

“El comité, por ley, revisa cada norma propuesta por todas las agencias estatales”, dijo Plante a FSView en una entrevista en video. “En este caso, le preguntamos [a la SBE de Florida]: ‘¿En qué fundamento legal se basaron para establecer los criterios de ciudadanía y estatus migratorio?'” Respondieron diciendo que… lo tienen porque su facultad para dictar normas incluye la capacidad de elaborar criterios de admisión… lo único que se le exige a una agencia es responder ante el comité.

Plante dijo que la JAPC no tiene la autoridad para impedir que una regla entre en vigor, pero que cualquier persona puede impugnarla ante los tribunales como una regla vigente.

Gregory Rusin es un escritor principal de FSView & Florida Flambeau, el servicio de noticias en línea independiente y dirigido por estudiantes para las comunidades de Tallahassee y la FSU. Envía un correo electrónico a nuestro equipo a [email protected].

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Reporting by Gregory Rusin, Senior Staff Writer | Translated by Valeria Marquez, Spanish Translation Editor, FSView / FSU News

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This story was originally published September 5, 2026 at 11:29 PM.